La obligación de contar con canales de denuncias nace de la Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. España la transpone mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que establece requisitos mínimos para garantizar la confidencialidad, la independencia del sistema y la protección del informante. Normativa nacional actual En España, están obligadas todas las empresas privadas con 50 o más personas trabajadoras. También
