En la línea del Gobierno con la Estrategia para una Nación Emprendedora (ENE) se ha abierto una consulta pública a la ciudadanía hasta el 25 de enero para determinar la naturaleza jurídica de las start up, con el fin de diferenciarlas de las pymes, impulsar el ecosistema de este sector y dar forma a la nueva Ley de Start up.
“Por su singularidad, estas empresas deben regirse por una categoría específica propia”, señalan fuentes del Ministerio de Economía y Empresa en declaraciones al diario Expansión, ya que hasta la fecha se clasifican bajo el perfil de empresas de base tecnológica y de reciente creación.
El Gobierno ha iniciado reuniones con representantes del sector y además recibirán las sugerencias que cualquier persona que quiera contribuir a la mejora del ecosistema emprendedor español dentro del plazo establecido.
“Ha de tenerse en cuenta que encontrar un modelo de negocio innovador, global y exitoso en una start up es un proceso iterativo y arriesgado, que precisa condiciones de atracción de financiación y de talento particulares”, expresa el texto de la consulta.
Esta es una de las razones con las que el Ejecutivo manifiesta su intención de impulsar el potencial de esta “actividad económica en alza” que “cubre necesidades sociales y económicas en nichos de mercado anteriormente inexistentes”.
Entre los temas que esperan resolverse en dicho anteproyecto y en los que que la consulta pública hace hincapié son:
- la mejora de los beneficios fiscales para los inversores o business angels – con especial atención en actividades relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación tecnológica-,
- inversiones y la financiación de startups, -debido a la gran inversión que necesitan estos proyectos en las primeras etapas-,
- facilitar la inversión extranjera -por ejemplo, facilitando la obtención del DNI-,
- la simplificación de los trámites burocráticos,
- el apoyo a la captación y fidelización del talento con incentivos laborales y Seguridad Social,
- la incentivación de emprendimiento femenino y
- la incentivación de emprendimiento entre los colectivos más vulnerables.
Aunque también se esperan ver reflejadas políticas exitosas de otros países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Portugal, el proyecto no tiene como objetivo “copiar literalmente el modelo de un país” sino “crear un nuevo modelo productivo en un nueva Ley de Start Up, que genere más y mejores empleos y que sea más resistente a las crisis venideras, y contribuir a reducir las brechas sociales”, explican fuentes del ENE al diario.
LegaleGo Abogados en Granada, especialista en empresas.
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