Inspecciones en ecommerce de complementos alimenticios: qué están mirando ahora

La inspección no empieza cuando un inspector entra en un almacén. En ecommerce, muchas veces empieza con una captura de pantalla.

En los últimos meses, las revisiones de páginas web, páginas de producto, testimonios online, comparativas comerciales o artículos enlazados desde la propia tienda están dando lugar, en muchos casos, a requerimientos y expedientes sancionadores. El problema ya no es solo regulatorio.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 562/2025, el control oficial a distancia tiene cobertura expresa y puede utilizarse, entre otros supuestos, para revisar la comercialización por medios de comunicación online, la publicidad, el etiquetado, las prácticas informativas leales y hasta la notificación de complementos alimenticios.

Pero lo relevante, desde un punto de vista práctico, es otra cosa. La web de una marca ya no se mira solo como un canal de venta.

Eso explica por qué hoy una revisión de ecommerce puede terminar en un procedimiento administrativo en el que se discuten declaraciones saludables no autorizadas, presentación engañosa, omisiones informativas, incoherencias entre lo notificado y lo comercializado o mensajes que, aunque se hayan redactado con lenguaje comercial, acaban siendo valorados con criterio jurídico.

La etiqueta y la página de producto son el primer filtro

Muchas empresas siguen tratando la página web del producto como una pieza comercial separada del etiquetado. Ese enfoque ya no encaja con la realidad inspectora. La normativa de información alimentaria exige que, en ventas a distancia, la información alimentaria obligatoria esté disponible antes de que el consumidor cierre la compra, y ese criterio se proyecta sobre la forma en que el producto se presenta online.

Por eso, una inspección no se limita a buscar un gran claim llamativo. También revisa si la etiqueta y la información ofrecida en la página de producto están jurídicamente bien construidas.

En procedimientos recientes, además, se han analizado precisamente este tipo de cuestiones. No solo mensajes especialmente agresivos o promesas obvias de resultado, sino también detalles mucho más estructurales, como la forma en que se presenta la información obligatoria, la coherencia entre la etiqueta y la web o la capacidad real del consumidor para conocer correctamente qué está comprando antes de finalizar el pedido.

La clave está en entender que la página de producto no se interpreta ya como un simple escaparate. Se interpreta como parte del conjunto informativo con el que el consumidor toma su decisión de compra. Y cuando ese conjunto mezcla carencias informativas con promesas comerciales intensas, la Administración no suele ver un problema aislado de copy. Suele ver un posible incumplimiento.

Las comparativas ya no son un recurso inocente

Otro frente delicado son las comparativas. En muchas tiendas online aparecen mensajes del tipo mejor absorción, mejor recuperación, más potencia, fórmula más avanzada o incluso cuadros comparativos frente a otras marcas. El problema es que, jurídicamente, comparar no está prohibido, pero tampoco vale hacerlo de cualquier manera.

En complementos alimenticios esto tiene una dificultad añadida. Muchas veces la comparación no se limita a precio, formato o concentración declarada, sino que se desliza hacia el terreno del efecto fisiológico o del resultado esperado. Y ahí ya no basta con que la comparación sea creíble comercialmente.

Si lo que se está comunicando es, en realidad, una ventaja en salud o rendimiento, la comparación queda también reflejada por el Reglamento 1924/2006, que se aplica a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en cualquier comunicación comercial, ya sea etiquetado, presentación o publicidad.

Dicho de forma más clara. Comparar dos complementos diciendo que uno tiene más magnesio puede ser una cuestión de hecho. Compararlos diciendo que uno recupera mejor, reduce la fatiga antes o protege más el músculo ya no es solo una comparativa. Es una afirmación sobre salud o función fisiológica, y entonces hace falta base jurídica para esa declaración, no solo un buen argumento de ventas.

Desde el punto de vista jurídico, este es uno de los errores más habituales. Se redacta la comparativa como una herramienta comercial y se olvida que, si se discute dentro de un expediente, ya no se analiza como marketing creativo, sino como una manifestación concreta del mensaje que ha recibido el consumidor.

Las referencias científicas también venden

Uno de los errores más frecuentes en ecommerce es pensar que una referencia científica elimina el riesgo regulatorio, y esto no es así. El Reglamento 1924/2006 exige que las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables estén basadas y justificadas por evidencia científica generalmente aceptada, pero eso no significa que cualquier estudio, artículo o abstract permita convertir un mensaje comercial en lícito. La clave no está en tener bibliografía.

La clave está en cómo se usa esa referencia dentro de la estrategia de venta. Cuando la referencia científica se utiliza para conducir al consumidor a una conclusión de efecto saludable que no puede afirmarse de forma directa, el problema sigue existiendo.

Aquí aparece una situación muy frecuente en expedientes. La marca no formula directamente una promesa clara en la etiqueta o en la página de producto, pero enlaza un artículo, una entrada de blog o un contenido divulgativo que empuja al consumidor hacia esa conclusión. Desde fuera puede parecer contenido informativo, pero dentro de un procedimiento, muchas veces se interpreta como parte del mensaje publicitario global, que tiene en cuenta lo siguiente:

1. La primera es la frase genérica de científicamente demostrado, sin aterrizar en una declaración autorizada concreta.
2. La segunda es el artículo divulgativo o entrada de blog que actúa como soporte de venta.
3. La tercera es la página de producto o el contenido comercial que encadena estudios, mecanismos de acción y lenguaje técnico para conducir al consumidor a una conclusión de efecto saludable que el operador no podría afirmar de forma directa.

Por eso, en este tipo de revisiones no se analiza solo lo que dice la etiqueta ni solo lo que aparece junto al botón de compra. También se examina el contexto completo de venta. Y ahí las referencias científicas dejan de ser un simple apoyo técnico para convertirse, en muchos casos, en una pieza probatoria dentro del expediente.

El riesgo real de los testimonios

Con los testimonios ocurre algo parecido. Muchas veces se publican porque lo dice un cliente y no la marca. Jurídicamente, ese matiz suele servir de poco si el testimonio forma parte de la comunicación comercial del ecommerce. Cuando el respaldo procede de médicos o profesionales sanitarios, el problema es directo, porque el Reglamento 1924/2006 prohíbe las declaraciones que hagan referencia a recomendaciones de médicos individuales o profesionales de la salud.

Además, aunque el testimonio sea de un consumidor, en cuanto el mensaje atribuye al complemento un efecto concreto sobre la salud o una función fisiológica reconocible, la inspección tenderá a leerlo como una declaración de salud difundida en un entorno comercial.

Por eso son especialmente peligrosos testimonios del tipo me ayudó con la ansiedad, ahora duermo del tirón, me quitó el dolor, bajé la inflamación o recupero mucho mejor desde que lo tomo. Aunque aparezcan en una caja de reseñas, en un carrusel o en una creatividad de alguna red social incrustada en la tienda, el problema no está en el formato. Está en el contenido.

Si el ecommerce decide destacarlo, fijarlo, reutilizarlo o integrarlo en su arquitectura de venta, deja de ser una opinión espontánea irrelevante y pasa a convertirse en parte del mensaje comercial del operador.

Cuando la revisión de la web se convierte en expediente

Este es el punto que muchas empresas no ven venir. Mientras el problema se percibe como una cuestión de marketing o de regulación, la reacción habitual es corregir textos, retirar testimonios o ajustar una página. Pero cuando la Administración ya ha iniciado actuaciones, la lógica cambia.

En ese momento empieza a discutirse qué contenido estaba publicado, cómo se presentaba al consumidor, qué alcance comercial tenía, qué infracción se imputa realmente y qué valor probatorio van a tener las capturas, informes o actas incorporadas al expediente. También empieza a importar algo que muchas empresas suelen gestionar mal: cómo se responde.

Uno de los errores más frecuentes es contestar como si todo siguiera siendo una simple incidencia de comunicación comercial. Otro error habitual es reconocer los hechos de forma precipitada, reformular el debate en términos técnicamente desfavorables o centrar toda la estrategia en corregir la web, sin trabajar bien la defensa jurídica del procedimiento.

Y ahí está precisamente la diferencia entre una revisión regulatoria y una defensa jurídica. Lo primero puede ayudar a prevenir. Lo segundo es imprescindible cuando la Administración ya ha dado el paso y el contenido de la web se ha convertido en un elemento central del expediente sancionador.

Qué están mirando ahora de verdad

Lo que se está analizando hoy no es solo el producto, sino que se está analizando el ecosistema completo de venta. Eso incluye la etiqueta, la página de producto, las comparativas, los blogs enlazados, los testimonios, la coherencia entre la etiqueta física y la información online, e incluso la notificación y los cambios de etiquetado cuando el producto que se comercializa ya no coincide con el que se notificó.

En expedientes que hemos analizado recientemente en el despacho, la Administración ha incorporado capturas completas de páginas de producto, comparativas y testimonios online como base probatoria del procedimiento.

En el ecommerce de complementos alimenticios, ya no basta con tener una etiqueta razonablemente correcta y un buen equipo de marketing. Lo que hoy se está mirando es si todo lo que rodea a la venta mantiene coherencia jurídica. Y ahí fallan muchas marcas, no por mala fe, sino porque siguen trabajando la web como si fuera un espacio de libertad creativa mayor que el envase.

Cuando la Administración examina de forma conjunta todo el ecosistema de venta, el problema ya no se resuelve siempre con una simple corrección del texto. La cuestión pasa a ser cómo se interpreta jurídicamente ese conjunto y cómo se defiende dentro del procedimiento.

Antes de publicar o revisar una tienda online, merece la pena comprobar cinco cosas.

1. Que la etiqueta y la página de producto contienen la información alimentaria exigible y no solo un texto comercial atractivo.
2. Que las comparativas son objetivas, verificables y no convierten la venta en un juicio de eficacia encubierto.
3. Que las referencias científicas no se usan como atajo para sostener claims no autorizados.
4. Que los testimonios no atribuyen efectos de salud incompatibles con la normativa.
5. Y que blog, web, anuncios y etiqueta física tengan coherencia y no hagan declaraciones saludables.

Esa revisión previa cuesta menos que una subsanación, bastante menos que un expediente y muchísimo menos que una sanción mal defendida.

Porque cuando el problema llega al expediente, ya no se trata solo de corregir una web. Se trata de gestionar bien la defensa.