Inspecciones en el ámbito alimentario: Consecuencias jurídicas del incumplimiento de los plazos

En el sector de la alimentación, en especial en el mercado de complementos alimenticios, la regulación y los procesos de inspección en el ámbito alimentario por parte de las autoridades sanitarias son fundamental para garantizar la seguridad de los productos y proteger la salud pública. Sin embargo, muchas empresas no son plenamente conscientes de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de los plazos otorgados por la Administración Pública durante las inspecciones o la falta de colaboración con los Inspectores de Sanidad.

Con este artículo pretendemos facilitar información útil y advertir de las implicaciones jurídicas de no cumplir con estos plazos, evitando así la imposición de sanciones que puedan afectar gravemente a la empresa.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición establecen la obligación de colaboración con la administración y califican como leve, grave o muy grave la falta de colaboración. Como quiera que las Comunidades Autónomas tienen delegada la competencia en materia sanitaria, habrá que revisar la legislación autonómica para delimitar si las Comunidad Autónoma ha establecido consecuencias específicas.

Régimen legal sobre las inspecciones en el ámbito alimentario

En concreto el Artículo 50. De la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, establece que:

“c) La oposición, obstrucción o falta de colaboración con las autoridades competentes de control de las administraciones públicas, así como el incumplimiento de las obligaciones de información atribuidas a las empresas por la normativa específica, respecto de los controles realizados en las mismas o sus establecimientos”

Es decir, cualquier acción u omisión que obstaculice el trabajo de los inspectores, como no entregar la documentación requerida a tiempo o no colaborar durante la inspección, puede acarrear sanciones graves.

Por tanto, siendo claro que tanto la legislación Nacional como la Autonómica establecen sanciones para las empresas que se nieguen a colaborar con la Administración, es importante analizar qué tipo de sanciones pueden imponerse a las empresas infractoras

1. Multas económicas

Una de las consecuencias más comunes es la imposición de multas económicas. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves:

• Cuando el incumplimiento no tiene un gran impacto en la salud pública: Infracción leve con multas que pueden llegar hasta los 3.000€.
• En caso de retrasos significativos o faltas de colaboración que impidan o dificulten el curso de la inspección: Infracción grave, con multas que oscilan entre los 3.001 y los 60.000€.
• Si la negativa a facilitar datos es absoluta o es por la entrega a sabiendas de documentación falsa: Infracción muy grave, con sanciones que pueden superar los 60.000€, llegando incluso hasta los 600.000€.

Insistimos en que habrá que revisar en detalle la normativa autonómica para comprobar la calificación que merece la conducta no colaboradora.

Existen sanciones accesorias que establecen algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo:

• La suspensión total o parcial de la actividad.
• La clausura de centros, servicios, establecimientos o instalaciones.
• La exigencia de fianza.

En procesos tramitados en este despacho, hemos comprobado como las Administraciones imponen sanciones por falta de colaboración que se sitúan entre 9.001€ por no aplicar una alerta sanitaria en el primer requerimiento, llegando a los 60.000€ por no facilitar en tiempo y forma la información requerida por la administración. El primer caso terminó con una sanción por no poder acreditar que la falta de información no fue causas ajenas a la empresa. La defensa se basó en que la falta de toma de medidas y la falta de información se basa en un requerimiento no ajustado a la legislación. En el segundo caso, la sanción si pudo ser anulada al demostrar que el requerimiento no fue suficientemente claro y que la empresa colaboró dentro de la ambigüedad de la información exigida por la Administración y fue esa ambigüedad la que provocó la falta de información.

Finalmente, además de las consecuencias jurídicas directas, el incumplimiento en la colaboración con las autoridades sanitarias puede tener otras repercusiones importantes para la empresa, como el daño reputacional y las posibles responsabilidades civiles o penales, que pudieran exigir clientes o proveedores en casos extremos, donde la falta de colaboración y el incumplimiento de los plazos ponga en riesgo la salud de los consumidores.

Recomendaciones sobre inspecciones en el ámbito alimentario desde LegaleGo Regulatory Food Supplements

Desde nuestra consultoría alimentaria (LegaleGo Regulatory Food Supplements), recomendamos a las empresas del sector tomar medidas preventivas para asegurar el cumplimiento con las obligaciones legales y evitar sanciones. Aquí algunas buenas prácticas que te ayudarán a estar preparado:

• Implanta un sistema de gestión documental eficiente que te permita localizar y entregar toda la información requerida por los inspectores en el menor tiempo posible.
• Capacita a tu equipo sobre las normativas sanitarias y la importancia de cumplir con los plazos de inspección. Asegúrate de que todos los empleados clave estén preparados para colaborar con las autoridades.
• Mantén una comunicación abierta y proactiva con las autoridades sanitarias. Si tienes dudas sobre los plazos o procedimientos, es mejor preguntar y aclarar antes de que se produzca un incumplimiento.
• Solicita asesoramiento especializado cuando sea necesario. Las normativas pueden ser complejas y cambiar con frecuencia, por lo que contar con un equipo de consultores especializados puede ser clave para estar al día y evitar problemas futuros.

Conclusión

El incumplimiento de los plazos en las inspecciones y la falta de colaboración con las autoridades sanitarias pueden acarrear graves consecuencias para las empresas del sector alimentario. Las sanciones económicas, el cierre de instalaciones o incluso la inhabilitación para operar son riesgos que ninguna empresa debería asumir.

Por ello, es fundamental adoptar un enfoque preventivo y asegurarse de que tu empresa esté preparada para cumplir con todas las obligaciones legales en materia de inspección y regulación. Desde nuestra consultoría alimentaria, estamos a tu disposición para asesorarte y ayudarte a implementar las mejores prácticas, garantizando el cumplimiento normativo y protegiendo tanto tu negocio como la salud de los consumidores.

¡No dejes que un simple retraso te cueste caro!