Cómo reclamar facturas impagadas a la Administración

//Cómo reclamar facturas impagadas a la Administración

Las insostenibles cifras de morosidad que los ayuntamientos de la provincia de Granada mantienen con sus proveedores, están provocando grandes daños financieros a las pymes y autónomos del tejido empresarial granadino. Hoy queremos explicar cómo reclamar facturas impagadas a la Administración Pública de conformidad con la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

1º Una vez la empresa realice el servicio o la obra contratada, deberá enviar la factura o certificación de la obra al registro administrativo correspondiente. Lo más sencillo es presentar la factura correspondiente ante el registro administrativo de la Administración que corresponda.

2º La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes tal y como le obliga el Apartado 4 del artículo 198 de la Ley 9/2017.

3º Si no se realiza dicho pago en el plazo de un mes, demos realizar una reclamación administrativa por escrito para reclamar facturas impagadas a la Administración. En la reclamación tendrá que detallarse la cuantía de la deuda y los intereses que se suman. Si la Administración no contesta, el silencio se interpretará como una aceptación del vencimiento del plazo de pago. Por el contrario, podrá reaccionar para mostrar su inconformidad ante la reclamación.

Si la Administración incumple dicho plazo, se sumarán a la deuda los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los intereses de demora los marca la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo en la última operación de financiación que la administración en cuestión realizó. La indemnización por los costes de cobro tendrá un mínimo de 40 euros, pudiéndose reclamar una cantidad mayor en caso de ser así.

4º Pasado un mes de la reclamación, se podrá interponer un recurso contencioso – administrativo contra la inactividad de la Administración. En este se podrá solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Art. 217 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Administración tiene la obligación de abonar el precio de la factura que se genere por los trabajos realizados dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Si la Administración no paga en tiempo y  forma estará obligada al pago de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro. En este sentido el artículo 199 de la LCSP dispone:

“Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

Es decir, la Administración tiene un mes para contestar y sino lo hace el vencimiento y los intereses de demora se tienen por reconocidos. Podemos en ese caso formular recurso contencioso-administrativo en los Juzgados contra la inactividad de la Administración. Además podemos pedir la medida cautelar del pago que se describe en el mencionado artículo.

Pero según la jurisprudencia no es exactamente una medida cautelar, sino más bien un procedimiento de reclamación de cantidad específico para la contratación pública. Parte de la doctrina ha denominado a este proceso específico “procedimiento monitorio administrativo” y como expresa el Tribunal de Andalucía en su sentencia 860/2018 de 10 de mayo:

“De esta manera, se regula lo que parte de la doctrina ha denominado “procedimiento monitorio administrativo”, cuyas causas de oposición están expresamente tasadas en el propio art. 217, en concreto, « que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última”.”

Uno de los mayores problemas con los que suele encontrar el empresario para reclamar facturas impagadas a la Administración, es que no ha habido un encargo oficial, expediente administrativo o aprobación presupuestaria para nuestro trabajo. En esos casos y como explicábamos en nuestro artículo sobre cómo cobrar una factura de la Administración sin contrato, también se puede reclamar facturas impagadas a la Administración.

Ascienden a 126 millones de euros la cuantía que las administraciones granadinas deben a los contratistas.  Sin duda, este problema atañe a diversas pymes y autónomos granadinos. Desde LegaleGo queremos ofrecer todo nuestro apoyo a este colectivo. Si se encuentra en un proceso de reclamar facturas impagadas a la Administarción, no dude en consultarnos sin ningún compromiso.

Si necesitas este o más servicios de LegaleGo, ponte en contacto con nosotros a través del siguiente formulario:

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